La Suprema Corte de Justicia de Mendoza condenó a los dueños de una estación de servicio a indemnizar con 150 mil pesos a una empleada, en concepto de daño moral, por obligarla a utilizar calzas de un talle menor al que le correspondía.
El conflicto se originó en 2012 cuando la empleada solicitó en reiteradas oportunidades que se le proveyera vestimenta adecuada.
Tras un cruce de cartas documento la mujer fue despedida de la estación de servicio ubicada en el departamento de Guaymallén, adyacente a la capital provincial.
La mujer presentó ante la corte mendocina un recurso extraordinario provincial. En los fundamentos de la sentencia los jueces aludieron a tratados internacionales como:
– la Convención contra toda forma de Discriminación contra la Mujer
– la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará)
– y la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
El juez José Valerio indicó en su fundamentación que «Corresponde fijar el daño moral sufrido por la trabajadora teniendo en cuenta la afectación de su dignidad producida por haber sido obligada al uso de calzas, lo que provocó que debiera soportar frases inapropiadas por parte de los varones que transitaban por el lugar»
Y agregó que «ello marcó una notoria diferencia respecto del uniforme que era exigido al personal masculino, además de la angustia e incertidumbre que debió padecer en relación al futuro de su situación laboral».
El juez Mario Adaro resaltó que «el hecho de haber determinado qué vestimentas eran para varones y cuáles para mujeres implica desde ya un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo como instrumento».
Por su parte, el juez Omar Palermo aludió a situaciones que colocaron a la trabajadora en una situación de vulnerabilidad y discriminación por razones de género.
