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Pandemia: la oportunidad de » la inmunidad de rebaño» por el consultor en salud Prof. Martín Moyano Barro. Publicada el 14/10 en Diario Clarín.

Desde el inicio de la pandemia, la política oficial de todas las jurisdicciones en materia sanitaria dirigidas por el Ministerio de Salud de la Nación fue básicamente reforzar el sistema sanitario con más camas de UTI, aumentar la cantidad de profesionales de la salud en la provincia de Buenos Aires, a la que se veía como el “gran problema” y organizar una cuarentena con cierre de actividades en el AMBA, región que era considerada la más “peligrosa”. Asistimos además a la presencia de diferentes especialistas médicos, cuyos consejos se transformaban en política pública.

El aumento de camas de UTI con o sin respiradores, entrenando médicos para ocupar las plazas de las nuevas terapias, tanto en el sector público como en el privado, fue significativo, pero no es la única respuesta valida y posible que pueda y tenga el estado nacional.

La composición del sistema sanitario nacional, tanto a nivel estatal (nación-provincia-municipio- Obras sociales de gestión estatal- PAMI) como privado (medicina prepaga-Seguridad Social sindical- mutuales), con la consecuente fragmentación y concentración de recursos sanitarios en algunas regiones del país, no hacen más que agravar una política sanitaria cuya mirada era de corto plazo y que en ningún momento supuso que la carrera era larga.

Hoy con un nivel bajísimo de testeos y un nivel altísimo positividad en los mismos, con porcentajes cercanos al 75%, lo cual muestra la bajísima cantidad de testeos y la nula política de rastreo y prevención.

Ya cerca del millón de contagiados de manera oficial, la realidad indica que la Argentina va en búsqueda de la inmunidad de rebaño, justo lo opuesto a lo enunciado por el gobierno y excusa de cuarentenas largas.

Sin embargo, jugar todo a esta carta, con un sistema que no está en condiciones de soportar con éxito una enorme crisis económica, en donde sobre todo el sector de la seguridad social va a perder una enorme cantidad de afiliados que deberán ser atendidos por el público. Sobre todo, cuando entrado el verano podamos entrar en una sindemia (la suma de más de una epidemia) cuando entre en acción el Dengue y el Zika en el norte y centro de nuestro país. Hay que prestarles en el verano una enorme atención, ya que sus síntomas podrían confundirse con los de Covid-19.

Es muy difícil que Argentina viva una segunda ola, ya que por la tasa de contagios y la de muertas que vivimos, hace difícil que cerca de la inmunidad de rebaño haya un crecimiento dramático como los que vivimos ahora.

Sin embargo, la inmunidad de rebaño no significa que no haya contagios, sino que estos van a ser mucho menores y con una tasa muy baja de letalidad. Si a eso se suma la vacuna a mediados del año que viene es probable que el problema este muy acotado.

Lo que deja la pandemia en materia económica afecta, y de manera severa, al sistema sanitario. Para empezar sus insumos son importados. La pérdida de puestos de trabajos registrados va a dañar a la seguridad social y a la medicina prepaga. Los precios de las prestaciones han quedado muy por debajo de los costos y como agravante, no hay perspectivas de que esta situación mejore, por lo menos en el corto plazo.

Es por eso por lo que urge integrar al sistema sanitario nacional, para distribuir con equidad los recursos sanitarios y hacerlos accesibles a una población empobrecida. Y preparar al país de futuras amenazas sanitarias, creando una Agencia Nacional de Salud, sobre las bases del PAMI y la totalidad de las obras sociales estatales, sumando las infraestructuras sanitarias naciones, provinciales y municipales, a fin de que el alto precio socioeconómico y de vidas que pagamos por la inmunidad de rebaño no sea en vano.

Fuente : Textual Diario Clarin del 14/10 . Sección opinión . Autorizada a publicar por le autor . Prof. Martin Moyano Barro es consultor en Salud.

https://www.clarin.com/opinion/pandemia-oportunidad-inmunidad-rebano-_0_8LNU1q4NY.html

La madre de la cuarentena. Por el consultor en Salud Martín Moyano

La Emergencia Sanitaria es ley desde el año 2002. De vigencia anual, y sancionada parar hacer frente a las consecuencias de la crisis del 2001, ¿por qué año tras año y sin importar lo que sucediera en materia económica, el estado de Emergencia Sanitaria es ratificado por el Congreso Nacional? Para entenderlo, pondremos esta continuidad en contexto.

Luego de la crisis de diciembre de 2001, en default y con una devaluación del 300%, el Congreso Nacional sanciona la ley N° 25.561 que declaraba la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Fue así que éste dicto el DNU N 486/2002 declarando también la Emergencia Sanitaria Nacional. La justificación era la grave situación que afectaba al sector de la salud por las dificultades de provisión de medicamentos, insumos y productos médicos la mayoría de los cuales son importados y en dólares. Por otro lado, las clínicas y sanatorios privados obtuvieron la suspensión a las ejecuciones fiscales de la AFIP, lo cual les permite diferir los pagos de aportes y contribuciones patronales a la seguridad social, de todos los empleados en relación de dependencia. Las excepciones aduaneras permitieron continuar con la importación de medicamentos y productos médicos que, de otra manera tendrían precios y cargas fiscales insólitas. Por otro lado, se aprobó un PMO de emergencia que no tuvo mayores efectos, pues no impidió la ejecución de amparos por parte de afiliados contra obras sociales y prepagas.

Estas normas trajeron como consecuencia para los sanatorios y clínicas privadas, además del manejo discrecional del sector público en cuanto a contrataciones, una deuda del sector con el fisco ya que la suspensión de las ejecuciones fiscales no anula la existencia de las deudas; esto sumado a una aguda dependencia de los sanatorios privados sin integración vertical alguna con las obras sociales administradas por el Estado (PAMI, IOMA).

Tenemos tres tipos de instituciones privadas de salud, clasificadas de acuerdo con el origen de los recursos que financian su actividad: las  vinculadas a las obras sociales y que son creadas para la atención de sus propios afiliados; las vinculadas a las empresas de medicina prepaga, y que constituyen el emblema del prestigio de marca. Por último, las instituciones que no cuentan con financiador propio. Esta situación explica la conducta de los gremios del sector a la hora de las paritarias, cuyo resultado queda vinculado al origen de los ingresos de las instituciones y que, en el caso de los establecimientos que no poseen financiador propio, tales paritarias se definen en función de los aumentos que les fija el PAMI para las prestaciones a sus afiliados.

La ausencia de financiador propio es el Talón de Aquiles del sanatorio. Quizás esta “debilidad” explica el motivo por el cual muchos centros de salud del país le deben a la AFIP importantes sumas. Esta “situación fiscal” solo puede ser explicada por dos motivos: fraude o trabajo a quebranto. Descartada la primera, en el segundo caso está claro que la falta de equilibrio se debe a varios factores propios de la actividad. Y quebranto no siempre es sinónimo de quiebra, sobre todo cuando el acreedor es el Estado.

Repasemos esos factores. Mano de obra intensiva. La actividad requiere de mucho personal asistencial el cual en sus 2/3 partes está en relación de dependencia. Los aumentos salariales impactan de lleno en la estructura de costos transformándola en un costo de corto plazo, periódico e impostergable. Los insumos. En su mayoría, cuando hay procesos devaluatorios o crisis como la actual del COVID, carecen de valor de referencia y pueden dejar sin stock a los establecimientos más débiles o con costos tan altos que acentúa el trabajo a quebranto. Por último, la “electro dependencia”. Tanto equipamiento como el consumo de servicios públicos asociados a su uso, conforman un valor importante en la estructura de costos de las empresas sobre todo a partir de los aumentos de 2015. Pero quizás entre todos estos factores es el costo financiero de las prestaciones el más grave. Tener gastos de corto plazo a 30 días (sueldos), cobros a 90 días (PAMI) y a 120 días (seguridad social) no parece ser buen negocio.

En este mar se debaten las instituciones de salud, y es en este marco en que la Emergencia Sanitaria permanece. La cascada de ejecuciones fiscales y embargos que podrían producirse terminaban de desequilibrar un sistema ya rengo. Es por este motivo que solo los más grandes pudieron sobrevivir y de los más pequeños, los más hábiles. La mayoría de los establecimientos se pusieron en  venta o funcionan con la hipoteca de la Emergencia Sanitaria. Las que han cerrado dejaron antiguos polos sanitarios de la zona sur y oeste del  Gran Buenos Aires  casi sin instituciones privadas.

Está claro que la crisis del COVID19 y sus secuelas económicas solo agravarán la situación. Quizás entonces, sea el momento de superar la Emergencia hecha Ley, y encarar una reforma de nuestro sistema sanitario para sacarlo de la terapia intensiva en la que se encuentra. Una reforma que contemple la gestión público-privada, con incentivos para la formación de más y mejores profesionales y que privilegie el lugar en donde se practica la medicina: el hospital y el sanatorio.

Si en lugar de tapar las ejecuciones fiscales hubiéramos reformado el sistema, es probable que el encierro de la población no hubiese sido tan rígido por temor al colapso sanitario. Con 18 años de vigencia, donde la excepción se volvió norma,  la Vieja Madre de la cuarentena más larga de la Historia de la Humanidad se llama Emergencia Sanitaria, y ya es hora de darle vacaciones definitivas.

Articulo realizado por el consultor en temas de salud Prof. Martín Moyano para OdT – El Observatorio del Trabajo

Email: [email protected]

El coronavirus ofrece una oportunidad para reformar el sistema sanitario. Por Martín Moyano. Publicada en Diario La Nación. Domingo 02 de Agosto 2020.

La Emergencia Sanitaria es ley desde el año 2002. De vigencia anual y sancionada parar hacer frente a las consecuencias de la crisis del 2001. ¿Por qué año tras año y sin importar lo que sucediera en materia económica, el estado de Emergencia Sanitaria es ratificado por el Congreso Nacional?

Para entenderlo, pondremos esta continuidad en contexto.

Luego de la crisis de diciembre de 2001, en default y con una devaluación del 300%, el Congreso Nacional sanciona la ley 25.561 que declaraba la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Fue así que este dicto el DNU 486/2002 declarando también la Emergencia Sanitaria Nacional. La justificación era la grave situación que afectaba al sector de la salud por las dificultades de provisión de medicamentos, insumos y productos médicos la mayoría de los cuales son importados y en dólares. Por otro lado, las clínicas y sanatorios privados obtuvieron la suspensión a las ejecuciones fiscales de la AFIP, lo cual les permitió diferir los pagos de aportes y contribuciones patronales a la seguridad social, de todos los empleados en relación de dependencia. Las excepciones aduaneras permitieron continuar con la importación de medicamentos y productos médicos que, de otra manera tendrían precios y cargas fiscales insólitas. Por otro lado, se aprobó un PMO de emergencia que no tuvo mayores efectos, pues no impidió la ejecución de amparos por parte de afiliados contra obras sociales y prepagas.

Estas normas trajeron como consecuencia para los sanatorios y clínicas privadas, además del manejo discrecional del sector público en cuanto a contrataciones, una deuda del sector con el fisco, ya que la suspensión de las ejecuciones fiscales no anula la existencia de las deudas; esto sumado a una aguda dependencia de los sanatorios privados sin integración vertical alguna con las obras sociales administradas por el Estado (PAMI, IOMA).

Tenemos tres tipos de instituciones privadas de salud, clasificadas de acuerdo con el origen de los recursos que financian su actividad: las vinculadas a las obras sociales y que son creadas para la atención de sus propios afiliados; las vinculadas a las empresas de medicina prepaga, y que constituyen el emblema del prestigio de marca; y por último, las instituciones que no cuentan con financiador propio. Esta situación explica la conducta de los gremios del sector a la hora de las paritarias, cuyo resultado queda vinculado al origen de los ingresos de las instituciones y que, en el caso de los establecimientos que no poseen financiador propio, tales paritarias se definen en función de los aumentos que les fija el PAMI para las prestaciones a sus afiliados.

La ausencia de financiador propio es el Talón de Aquiles del sanatorio. Quizás esta «debilidad» explica el motivo por el cual muchos centros de salud del país le deben a la AFIP importantes sumas. Esta «situación fiscal» solo puede ser explicada por dos motivos: fraude o trabajo a quebranto. Descartada la primera, en el segundo caso está claro que la falta de equilibrio se debe a varios factores propios de la actividad. Y quebranto no siempre es sinónimo de quiebra, sobre todo cuando el acreedor es el Estado.

Repasemos esos factores. Mano de obra intensiva. La actividad requiere de mucho personal asistencial el cual en sus 2/3 partes está en relación de dependencia. Los aumentos salariales impactan de lleno en la estructura de costos transformándola en un costo de corto plazo, periódico e impostergable. Los insumos. En su mayoría, cuando hay procesos devaluatorios o crisis como la actual del Covid, carecen de valor de referencia y pueden dejar sin stock a los establecimientos más débiles o con costos tan altos que acentúa el trabajo a quebranto. Por último, la «electro dependencia». Tanto equipamiento como el consumo de servicios públicos asociados a su uso, conforman un valor importante en la estructura de costos de las empresas sobre todo a partir de los aumentos de 2015. Pero quizás entre todos estos factores es el costo financiero de las prestaciones el más grave. Tener gastos de corto plazo a 30 días (sueldos), cobros a 90 días (PAMI) y a 120 días (seguridad social) no parece ser buen negocio.

En este mar se debaten las instituciones de salud, y es en este marco en que la Emergencia Sanitaria permanece. La cascada de ejecuciones fiscales y embargos que podrían producirse terminaban de desequilibrar un sistema ya rengo. Es por este motivo que solo los más grandes pudieron sobrevivir y de los más pequeños, los más hábiles. La mayoría de los establecimientos se pusieron en venta o funcionan con la hipoteca de la Emergencia Sanitaria. Las que han cerrado dejaron antiguos polos sanitarios de la zona sur y oeste del Gran Buenos Aires casi sin instituciones privadas.

Está claro que la crisis del Covid-19 y sus secuelas económicas solo agravarán la situación. Quizás entonces, sea el momento de superar la Emergencia hecha Ley, y encarar una reforma de nuestro sistema sanitario para sacarlo de la terapia intensiva en la que se encuentra. Una reforma que contemple la gestión público-privada, con incentivos para la formación de más y mejores profesionales y que privilegie el lugar en donde se practica la medicina: el hospital y el sanatorio.

Si en lugar de tapar las ejecuciones fiscales hubiéramos reformado el sistema, es probable que el encierro de la población no hubiese sido tan rígido por temor al colapso sanitario. Con 18 años de vigencia, donde la excepción se volvió norma, la Vieja Madre de la cuarentena más larga de la Historia de la Humanidad se llama Emergencia Sanitaria, y ya es hora de darle vacaciones definitivas.

Consultor en Salud Por: Martín Moyano Barro *

Nota : Textual Diario la Nación del 02 de Agosto del 2020. El coronavirus ofrece una oportunidad para reformar el sistema sanitario.El presente articulo es publicado con autorización del autor. *

El mayor desafío al sistema sanitario argentino. Por Martín Moyano.

Con el permiso de aquellos que aún no lo han visto y sin ánimo de “spoilear” el dramático film de Wolfgang Petersen, me resulta inevitable que surjan los personajes de esa historia a la hora de pensar la crisis que nos ocupa. El Coronavirus nos ha arrastrado hasta el borde de nuestra propia “Tormenta Perfecta”. Para enfrentarla contamos con una fortaleza objetiva de la que los números hablan.

La estadística oficial y los diferentes estudios sobre la composición, disposición y dotación del sistema sanitario argentino lo muestran como uno de los más fuertes de América latina. Y al comparar esos datos con los sistemas de salud de otros países podemos tener una idea de la relevancia de la Argentina en materia sanitaria.

El total de establecimientos sanitarios en el país es de unos 17.500 aproximadamente; de este total unos 3300 cuentan con internación y aproximadamente el 40% de todos estos establecimientos, con o sin internación, es propiedad del sector público nacional, provincial y municipal.

La relación de camas por cada mil habitantes en nuestra región muestra a la Argentina encabezando la lista con un índice de 4,5 camas por mil habitantes (seguida por Uruguay con 3,00; Brasil 2,3; Chile 2,00; Perú 1,5; Colombia 1,4; Paraguay 1,3 y Bolivia 1,1). Fuera de la región, Alemania supera a la Argentina con 8,3 camas por cada mil habitantes (España 3,2; Italia 3,5; EEUU 3,00).

La cantidad de médicos que hay en el país es de 170.000 aproximadamente. Unos 3,90 por cada mil habitantes. Observando la región, Argentina duplica la cantidad de médicos cada mil habitantes de Brasil y casi cuadruplica los de Chile y Perú. Por otra parte, la distribución de médicos en el país resulta dispar. En la CABA la dotación de médicos equivale a la de países europeos mientras que en el GBA la relación es inferior a la provincia Córdoba. Respecto de la disponibilidad del personal de enfermería, la relación es de unos 4,5 por cada mil habitantes, la mitad de ellos auxiliares de enfermería. No hay estadísticas claras del stock de equipamiento y estado del mismo, aunque se puede inferir por datos de producción que el sector privado está en mejores condiciones que el público.

¿Cómo es que contando con estos recursos el sistema no estaba preparado para afrontar la pandemia? La respuesta solo puede estar en las características del mismo. Nuestro sistema de salud se encuentra fragmentado en tres subsistemas: el público, las obras sociales y la medicina prepaga. Aún con el 10% del PBI destinado a la Salud, la distribución de los recursos no es pareja ni equitativa. No está pensada en función de la distribución de la población sino en la condición que tiene como aportante al sistema.

De los 15 millones de habitantes de AMBA 3,5 millones residen en CABA y 11,5 millones en el GBA. De aquellos 15 millones, más del 50 % se atiende en el sector público. Sin embargo la salud pública cuenta con menos del 40% del total de camas y profesionales lo que explica las conocidas demoras típicas del sector público a la hora de acceder a las prestaciones. Esta situación es doblemente grave en el Gran Buenos Aires. Queda claro que a medida que se mire la oferta de cada sector, la relación es muy buena en la medicina privada a diferencia del sector público. Por otra parte si la cantidad de contagiados aumentará de dos mil a tres mil casos diarios, el sistema sanitario bonaerense corre serio riesgo de colapsar, no así en CABA.

En resumen, la Provincia de Buenos Aires es la región más débil en cuanto a recursos sanitarios y el PAMI la Obra Social con mayor población de riesgo y con muy pocas camas propias. Administradas ambas por el mismo signo político de su pertenencia, ¿Qué hará el Capitán del barco si se llega al límite de las tan mentadas camas de Terapia Intensiva? Como en la película de Petersen, no alcanzará con mantener el consenso e integración de la tripulación sino que la correcta lectura de la información y toma de decisiones permitirá al equipo evitar la zozobra.

Martín Moyano Barro * es consultor en Salud

Fuente : El Mayor desafío del sistema sanitario argentino. Textual: Diario Clarín el 8 de julio del 2020 . La publicación del presente articulo fue autorizada por su autor * .