Como se recordará el 13 de abril de 2016 tras una presentación del Sindicato de Peones de Taxi de la Capital, al día siguiente de que Uber comenzara a operar, la justicia ordenó cautelarmente la suspensión de ese servicio en la ciudad.
Tres años después la Justicia en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad libró un oficio a la Agencia Gubernamental de Control para que informe en un plazo de 20 días si Uber o alguna empresa vinculada a Uber presentaron algún pedido de habilitación para el servicio de transporte público de pasajeros
Además libró un oficio al Jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, para que también en un plazo de 20 días informe de manera detallada «cuáles han sido las medidas concretas adoptadas por la Administración destinadas a hacer efectiva la cautelar dictada en fecha 13/4/2016, que se encuentra firme».
El Juez Víctor Trionfetti pide al Gobierno que precise «cuáles fueron las directivas, planes, protocolos, actuaciones, proyectos y toda otra actividad de gestión en el ejercicio del poder de policía» para garantizar el cumplimiento de esa cautelar.
A las medidas judiciales se suma que este lunes la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimó a la empresa Uber por una deuda con el fisco de tributos y cargas sociales por más de 358 millones de pesos.
Fuente: Agencias
